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El Senado encomienda al ICAC la nueva supervisión pública de las sociedades de auditoría

27/05/2010 14:25 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión de Economía y Hacienda del Senado aprobó hoy el dictamen sobre el proyecto de reforma de la Ley de Auditorías de Cuentas y Sociedades Anónimas, incorporando multitud de enmiendas de todos los grupos que, entre otras novedades, encomiendan al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) la responsabilidad del nuevo sistema de supervisión pública de los auditores y sociedades de auditoría y rebajan el importe de las sanciones.

Según explicaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, todos los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, así como las corporaciones profesionales encargadas del control de calidad, quedarán sometidos a este sistema de supervisión pública, "objetiva e independiente", que tiene por objeto desarrollar el control y supervisión de esta actividad.

La norma aprobada por el Gobierno no precisaba el papel del ICAC en este sistema, lo que a juicio del PSOE y de la Entesa, hacía que el texto fuera "incompleto e inconsistente" en lo que al sistema de supervisión pública se refiere, lo que podría afectar al ejercicio efectivo de la actividad de control de la auditoría de cuentas.

De esta forma, y en sintonía con lo que recomienda la Directiva Europea sobre auditoría que transpone esta ley, el ICAC tendrá la "responsabilidad última" sobre la adopción de normas en materia de ética profesional y control de calidad interno en la actividad de auditoría, así como la supervisión de su adecuado cumplimiento.

También se encargará de la formación continuada de los auditores de cuentas y del control de calidad, y sistemas de investigación y régimen disciplinario.

Además, se someterá a consideración del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas todos los reglamentos que se desarrollen en relación a estas cuestiones. De esta forma, la aprobación del Plan de Control de la actividad de auditoría y la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves a quienes auditen entidades de interés público requerirá el acuerdo favorable del Comité de Auditoría de Cuentas.

SE REBAJAN LAS SANCIONES

La norma anterior, de 1988, ya atribuía que el control de la actividad de auditoría de cuentas al ICAC, que actuará de "oficio cuando el superior interés público lo exija" a través de revisiones o verificaciones de alguno de los trabajos de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria.

Además, los grupos alcanzaron un acuerdo para rebajar las sanciones previstas en la nueva ley. Así, las infracciones muy graves serán por un importe de seis a nueve veces la cantidad facturada por el trabajo de auditoría en el que se haya cometido la infracción, en lugar del seis al nueve como planteaba la norma remitida por el Congreso, mientras que las sanciones por infracciones graves será de tres veces dicho importe.

INCOMPATIBILIDADES ENTRE ABOGADOS Y AUDITORES

Por otro lado, los grupos parlamentarios de PP, CiU y PNV alcanzaron un acuerdo al margen del PSOE para plantear un nuevo régimen de incompatibilidad entre las actividades de abogacía y auditoría a través de sus enmiendas al proyecto de Ley.

Así las cosas, el texto propuesto hoy prohíbe que la auditora preste simultáneamente servicios de abogacía a la entidad auditada, salvo que dichos servicios los lleven a cabo personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, "medida en términos de importancia relativa", en los estados financieros correspondientes al periodo o ejercicio auditado.

SE HA ARREGLADO EL 90% DEL DESAGUISADO

Aunque este texto busca reconciliar las peticiones de PP y CiU con la reforma aprobada por el Gobierno, el PSOE no ha dado su visto bueno a esta modificación, aunque admite que es un "avance" respecto al texto que salió del Congreso y afirma que no disgusta al sector.

Y es que la Mesa y Portavoces de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobara un texto de consenso para corregir numerosas contradicciones entre las enmiendas introducidas pero endurecía los criterios de incompatibilidad hasta el punto de que los auditores no podrán prestar ningún servicio de abogacía para las entidades que auditen.

A partir de ese momento, PSOE, PP, CiU y PNV empezaron un proceso de negociación que ha culminado en la Ponencia celebrada ayer y el debate de esta mañana, en el que se han resuelto "más del el 80% del desaguisado", según fuentes de los grupos, que se han emplazado a seguir debatiendo hasta el debate en Pleno, dentro de dos semanas, sobre la cuestión de las incompatibilidades.


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