El Senado de México inicia este viernes el debate para aprobar las leyes reglamentarias de una ambiciosa reforma de telecomunicaciones que busca reducir el poder de los monopolios en el ámbito de la telefonía y la televisión.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a "discutir y en su caso aprobar el dictamen de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión", que ya fue aprobado el miércoles en comisiones aunque con una serie de reservas, indica un comunicado de la Cámara de Senadores.

Esta votación ha sido postergada desde diciembre de 2014.

La discusión se da en medio de un acalorado intercambio de acusaciones entre empresas mexicanas del sector vinculadas a gigantes como Telmex y Telcel, del magnate Carlos Slim, y a Televisa, la mayor cadena de televisión de habla hispana en el mundo.

El tema más espinoso es la definición del concepto de "preponderancia", que había sido incluido en la reforma constitucional.

De acuerdo con el artículo 262 del dictamen, el recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (regulador) podrá declarar "la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones", que acaparen más del 50% del mercado y que serían sometidos a una serie de obligaciones.

Esta definición ha generado un álgido debate entre las empresas, pues abre el camino para que las empresas de Slim sean declaradas como preponderantes, mientras que para Televisa el dominio solo aplicaría en el servicio de televisión abierta y no en la televisión restringida.

Las empresas de Slim acaparan el 80% del mercado en telefonía fija y el 70% de móvil, mientras que Televisa participa con el 70% en la televisión abierta y 60% en la restringida.

La televisora quedaría libre para seguir ampliando su participación en la televisión restringida, considerada por especialistas el gran negocio del futuro.

Otro aspecto del dictamen que ha generado polémica es la facultad que la normativa otorga a la secretaría de Gobernación (Interior) para seguir regulando los contenidos de radio y televisión, una función que expertos y organizaciones civiles esperaban que quedara en manos del regulador.

Entre los casi 300 artículos que serán discutidos también hay diferencias por las restricciones que se imponen para radios comunitarias, así como la autorización para que las empresas de telefonía permitan a policías acceder en tiempo real, con una orden judicial, a la geolocalización de teléfonos móviles para ubicar a personas.