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Un senador de CiU reclamará a Chaves que justifique las irregularidades de contabilidad del 30% de empresas estatales

17/09/2010 14:12 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El senador de CiU, Joan María Roig, exigirá el martes al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, que justifique las irregularidades contables del ejercicio 2008 registradas en el 30% de las empresas públicas dependientes del Estado.

Según ha hecho saber CiU en un comunicado, Roig preguntará al vicepresidente y ministro de Política Territorial cómo justifica las irregularidades de contabilidad en el 30% de las empresas dependientes de la Administración General del Estado.

El representante de la formación nacionalista ha anunciado que formulará esta pregunta después de que los detalles de estas cuentas se dieran a conocer por informes de la Intervención General del Estado (IGAE), publicados el pasado 30 de agosto, que también llevaron al PP a pedir la comparecencia de la vicepresidenta Elena Salgado, al día siguiente que se conocieran los datos.

Más del 30% de las empresas públicas, un total de 69, tuvieron irregularidades en sus cuentas en el ejercicio 2008, según los informes económico-financieros de las Fundaciones y de las Empresas Estatales publicados por la IGAE, órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

En concreto, el informe de la IGAE sobre las cuentas de 2008 se realizó, bien por la Intervención General del Estado o por auditores privados, sobre un total de 225 sociedades públicas. Del total de compañías, 156, el 69, 33%, recibieron la opinión favorable en su auditoría, mientras que 59 (26, 22%) contaron con salvedades y a 10 (4, 44%) se les denegó el informe.

Entre las sociedades estatales que a pesar de un informe favorable contaron con salvedades en su auditoría destacaron el gestor ferroviario Adif, Corporación de Radio y Televisión Española, SEPI, Loterías y Apuestas del Estado o FEVE, así como diversas autoridades portuarias.

Por su parte, entre las estatales que vieron denegado el informe figuran Autoridad Portuaria de Las Palmas, Corporación Alimentaria Quality, Red Iberoamericana de Logística y Comercio y Quality Food Industria Alimentaria, entre otras


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