El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela obligó, el pasado 13 de enero, a que vacunaran a una anciana residente en un centro de mayores de Galicia. Lo hizo pese a la negativa de la hija, ya que la mujer está "incapacitada". Se trata de un hecho histórico, pues es la primera vez que un juez hace obligatoria la vacuna con una sentencia. Los juristas consultados por 20Minutos creen que no será la última, pues además diferentes fiscalías provinciales ya se han mostrado a favor de este extremo. Eso sí, con matices.

Fue el sábado día 9 cuando la residencia donde habita la anciana acudió a los tribunales después de conocer que la hija había decidido que no vacunasen a mi madre. Una vez constató la "incapacidad y el grado de deterioro cognitivo" de la afectada, dio la razón a la residencia y dio orden de que le administrasen la dosis correspondiente, pese a que la hija prefería esperar para conocer los "efectos adversos" de la vacuna. El magistrado admitió que "el propio hecho de la vacunación supone un riesgo" pero añadió que no ponérsela "también lo conlleva". Además, aludió al número de víctimas mortales que ha dejado ya el coronavirus y las cifras de contagiados.

"La decisión judicial es correcta en tanto la vacunación en un momento de pandemia y ante una enfermedad fácilmente transmisible y con una alta tasa de complicaciones graves y mortalidad entre la población anciana, en la que no existe un tratamiento eficaz, es la mejor forma de proteger la salud de la enferma", explica Gregorio Jesús Palacios, profesor de Humanidades Médicas en la Universidad Europea. En este sentido, asegura que "si se diesen otras casos en las mismas circunstancias que el actual, es muy posible que se vean más decisiones judiciales de naturaleza análoga".

Esas "circunstancias" son las referidas a la incapacidad de la mujer, clave en el caso. "Si bien cualquier intervención en salud destinado a proteger la salud individual requiere de la expresa autorización del paciente", continúa Palacios, "la cosa cambia en personas incapacitadas". En este tipo de casos, recuerda el profesor, la decisión la tomará la familia a no ser que vayan en contra de los "legítimos intereses" del paciente. Este extremo, por ejemplo, ha llevado a la Fiscalía de Valencia a abrir diligencias de investigación con el fin de conocer las circunstancias y datos en las que se han producido negativas de tutores a que los ancianos internos en residencias sean vacunados.

Dicho esto, cabe plantear la pregunta de si es viable (o posible) que los tribunales obliguen a vacunarse a personas que no estén incapacitadas y tomen la decisión de no inmunizarse conscientemente. Aquí Palacios coincide con Juan José Bestard, copresidente de la sección de Derecho Sanitario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ambos recuerdan que, con carácter general, la vacunación es voluntaria. Sin embargo, sí hay una posibilidad de que se convierta en obligatoria.

"En situaciones de epidemia, la ley orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, en su artículo 2, aunque un tanto impreciso, podría servir de base para la justificación de la vacunación obligatoria para preservar así la salud de la población", expone Palacios sobre el texto al que también refiere Bestard, que también cuenta antecedentes similares aunque no iguales. "Ha habido casos en los que los jueces han obligado a intervenir a un paciente que se negaba o a alimentar artificialmente a personas en huelga de hambre", comenta.

Eso sí, Bestard pone en duda que la vacunación obligatoria a través de la Justicia pueda ser algo permanente que se adopte sin el paraguas del estado de alarma. Es más, el letrado ya alertó hace meses de que obligar por ley a vacunar generaría rechazo social y querellas.