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La sentencia del procés catalán

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13/10/2019 03:14 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Los acontecimientos se les han ido de las manos tanto al gobierno del PP como ahora al del PSOE, y ya se escuchan invocaciones al artículo 116.4 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), donde se prevén los estados de alarma, excepción y sitio

Es verdad que la Constitución como Ley suprema de una nación ha de estar protegida contra ataques, y para esto está el Código Penal, que observa diferentes penas, como el delito de rebelión o el de sedición, para todos aquellos que atenten contra ella, delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, rebelión o ultrajes a España.

Estos delitos consisten en alzarse y hacerlo con violencia pública con el dolo específico de atentar contra la Constitución como superestructura del Estado.

Suelen darse a través de proclamas, comunicados o bandos llamando a la rebelión. Y se requiere la movilización de un número importante de personas que actúen generalmente armadas, aunque no siempre tenga que ser de esa forma, a juzgar por las diferentes escalas punitivas del art. 473.

El artículo 472 del Código Penal establece el tipo del delito de la siguiente forma:

Serán acusados de rebelión aquellos que se alcen violenta y públicamente con fines de derogar o modificar total o parcialmente la Constitución. Despojando sus prerrogativas y facultades al Rey, Reina o Regente, obligándoles a ejecutar un acto contrario a su voluntad. Por supuesto esto traería aparejado el impedimento de la libre elección de cargos públicos. Para lo cual se disolverían las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado, impidiendo que se reúnan o deliberen.

Declarar la independencia de una parte del territorio nacional también se recoge como un delito de rebelión, pero recordemos que debe haber violencia.

Pero lo que mejor se ajusta al delito de rebelión como tal es el hecho de sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno Autonómico de sus facultades, coartando su libre ejercicio, obligándolo a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

En definitiva, es un delito de consumación anticipada, un alzamiento sin esperar la producción de su resultado. Pero la conspiración en sí se agota como delito con un acuerdo de voluntades.

La respuesta del Estado ante el proceso separatista ha sido confiada casi exclusivamente al fiscal y a los jueces

El esgrimir armas o la lucha, se castiga más gravemente, según el artículo 473 del Código Penal. Cuando se han esgrimido armas, o si ha habido lucha contra los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos como corte de las comunicaciones telegráficas, telefónicas, ferroviarias o de otra clase, o se hubiese ejercido violencia grave contra las personas exigido incluso contribuciones, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los cabecillas e instigadores y de quince a veinticinco años para los seguidores y participantes de la revuelta.

El procés independentista del 1 de octubre de 2017 no llegó por tanto a ser un delito contra el orden constitucional porque le faltó la intensidad y la violencia que requiere la rebelión. Más bien se quedó en un delito contra orden público. El procés fue un alzamiento público y tumultuario contra la autoridad, pero jamás, en ningún momento llegó a poner en peligro al Estado, ni a su integridad territorial. Nadie hizo uso de la violencia, a pesar de que promovieron incidentes con el objetivo de impedir la aplicación de las leyes.

Sin embargo, la sentencia que se dará a conocer en breve prevé penas escandalosas en función de la participación de cada uno en los hechos. El fallo condenará por ese delito de sedición a nueve de los doce imputados. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raúl Romeva, Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. A día de hoy en prisión preventiva. El Supremo también les impone un largo periodo de inhabilitación pública.

Sin embargo, veremos qué sucede con el delito de desobediencia grave a la autoridad y que está castigado con pena de prisión de seis meses a un año o el pago de una multa, contemplado en el Código Penal dentro de los delitos contra el orden público, del prior del Valle de los Caídos. Porque no es necesario que al dictar la orden se le advierta previamente a este sujeto exfalangista que de no cumplirla podrá incurrir en un delito de desobediencia. Lo normal sería que se detuviese a este prior por este delito llegado el caso, porque lo contrario, sería darle un trato de favor por ser un miembro destacado de la Iglesia

Fuente: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (arts. 472 y ss)

 


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