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El Supremo confirma la condena de 4 años y seis meses de cárcel para Rodrigo Rato por las tarjetas black

03/10/2018 01:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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El que fuera vicepresidente del Gobierno de España y director del FMI, Rodrigo Rato, está más cerca de pisar la cárcel. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a cuatro años y seis meses de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por las tarjetas black en febrero de 2017. El alto tribunal lo considera autor de un delito continuado de apropiación indebida al confirmar que, en la época en la que presidió Bankia, mantuvo el sistema opaco de retribuciones que ideó su predecesor, el fallecido Miguel Blesa.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ratifica las líneas maestras de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en este asunto, y confirma que, a través de esas tarjetas black, 63 miembros de la dirección y el Consejo de Administración de Caja Madrid y después Bankia se repartieron 12, 5 millones de euros que utilizaron para gastos personales y que no fueron declarados a Hacienda ni por la entidad bancaria ni por sus beneficiarios.

La sentencia atribuye a Rato y a Blesa el establecimiento, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de Caja Madrid y Bankia "disponer a su antojo" del dinero de la Caja, rescatada con 22.000 millones de dinero público, para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

Las penas varían para algunos de los condenados al estimar el Supremo que la atenuante de reparación del daño aplicada a los acusados que consignaron judicialmente las cantidades que extrajeron con la tarjeta debe entenderse como muy cualificada y no simple, igual que la Audiencia Nacional apreció para quienes ingresaron el dinero directamente a los perjudicados (FROB o Bankia). Las penas firmes dictadas por el Supremo oscilan entre los 4 meses de prisión y los 4 años y medio de Rodrigo Rato.

En el caso del exdirectivo de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, la Sala estima parcialmente su recurso y rebaja de 2 años y 6 meses a un año menos un día de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. El tribunal entiende que debe ser condenado por un único delito continuado de apropiación indebida y no por dos delitos (uno como cooperador necesario y otro como cómplice) por los que le condenó la Audiencia. Además, en su caso, el tribunal también le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

El exdirigente de Izquierda Unida Moral Santín ha visto cómo el Supremo ratificaba su sentencia de cuatro años de cárcel, por lo que el exconsejero de Caja Madrid queda muy cerca de entrar en prisión por las tarjetas black. Francisco Baquero, uno de los hombres de CCOO en el Consejo de Administración de Caja Madrid, también está más cerca de pisar la prisión al haber confirmado el Supremo su condena a tres años y dos meses de prisión. Baquero disfrutó al menos durante siete años de una tarjeta black a la que hizo cargos por 266.400 euros.

El alto tribunal también confirma las penas de tres años y dos meses de prisión que la Audiencia Nacional impuso al ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, y al al exvicesecretario de organización del Partido Socialista de Madrid (PSM) Antonio Romero Lázaro.

El caso de las tarjetas black nació a raíz de una investigación de eldiario.es. En diciembre de 2013, este medio accedió a los denominados 'correos de Blesa' a través de una fuente anónima derivada desde la plataforma ciudadana Xnet. Eran los correos de Miguel Blesa, enviados o recibidos en su dirección corporativa de presidente de Caja Madrid. El expresidente de la entidad se quitó la vida en julio de 2017, cuando ya había sido condenado por la Audiencia Nacional.

En uno de esos correos, de septiembre de 2009, el entonces secretario del Consejo de Administración de la entidad Jesús Rodrigo informaba a Enrique de la Torre, quien le iba a suceder en el cargo, de la existencia de esas tarjetas. Tras esta revelación, Bankia puso en marcha una investigación interna que derivó en una denuncia del FROB y, posteriormente, en la investigación judicial.

El Tribunal Supremo considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Las tarjetas tenían límites de disponibilidad mensuales y anuales a cargo de una cuenta de la entidad. A sus titulares no se les exigía justificación alguna del gasto y las cantidades no tenían reflejo alguno en los contratos que suscribían los acusados con la entidad.

En contra de lo que una parte de los acusados defendieron en fase de instrucción y en el juicio, las cantidades extraídas con las tarjetas black tampoco formaban parte de las retribuciones pactadas cuando se trataba de directivos, ni de las cantidades que estaban autorizados a recibir en concepto de " dietas" quienes pertenecían a los órganos de gobierno. Tampoco aparecían en las declaraciones de los impuestos individuales de cada uno de ellos, ni en las certificaciones de haberes.

Otra prueba de que no suponían una retribución es que, si en algún periodo temporal, sus usuarios no disponían de alguna de las cantidades dispuestas, éstas no pasaban a ingresar el patrimonio de los acusados sino que permanecían en poder de la entidad. Del mismo modo, tampoco se aplicaba retención fiscal alguna sobre los importes asignados y no se hacía en ningún momento liquidación alguna de las cantidades dispuestas; no aparecían en ningún documento oficial de la entidad como retribuciones asignadas a cada uno de ellos; y tampoco en ningún momento se requería a los acusados para que justificaran de alguna forma los gastos efectuados. En definitiva, corrobora la Sala, no había más control que "los limites mensuales o anuales establecidos".


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