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El Tribunal Supremo español decidió archivar un juicio contra el magistrado Baltasar Garzón por un supuesto caso de cohecho, días después de que fuera inhabilitado por 11 años en una causa de grabaciones ilegales
El juez de la causa aceptó el criterio del fiscal, que había pedido el sobreseimiento de la causa por prescripción del supuesto delito del que se acusaba a Garzón. El caso es por unos supuestos pagos recibidos por una serie de cursos que el magistrado impartió en una universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Garzón estaba siendo investigado para determinar si se benefició económicamente del patrocinio de diversas empresas y entidades españolas en los cursos que impartió en momentos en que estaba suspendido temporalmente de su puesto en la Audiencia Nacional. Garzón siempre negó haber recibido dinero de las entidades patrocinadoras. La decisión se conoce días después de que Garzón fuera condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar la grabación ilegal de las conversaciones de abogados defensores en un caso de corrupción. El magistrado, de 56 años y conocido a nivel mundial por investigar causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, es una de las figuras más polémicas de la judicatura española. Garzón es alabado por sus operaciones contra el grupo separatista vasco ETA y su entorno, la corrupción y el narcotráfico, así como por sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo, pero también es criticado por lo que algunos consideran afán de notoriedad y por sus procedimientos judiciales. El juez está ahora a la espera del fallo de otro proceso que se sigue en su contra, relativo a su investigación sobre el asesinato de decenas de miles de civiles durante la dictadura de cuatro décadas del general Francisco Franco. En este caso se lo acusa de violar una ley de amnistía al ordenar una investigación sobre los crímenes del franquismo. Garzón cobró fama internacional luego de su intento de extraditar al dictador chileno Augusto Pinochet de Gran Bretaña en 1998 para responder por violaciones de derechos humanos luego de su golpe de Estado en el país sudamericano en 1973. Esto sentó un precedente para el principio de que los crímenes de lesa humanidad pueden ser investigados en cualquier parte del mundo.