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Los técnicos de Hacienda afirman que la Agencia Tributaria no colabora y no quiere dar al juez los informes sobre la Infanta

05/06/2013 19:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Fiscalía quiere que la investigación se cierre una vez Hacienda entregue “sus” informes y declaren los imputados y testigos pendientes, probablemente en julio, y sin que pase nada

Advierten que la Agencia “no coopera con el juez” y que lo entregado no tiene la firma de los inspectores de Hacienda, "no dice la verdad" y se limita a copiar el informe de la Abogacía del Estado.

Sin cooperación

El presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha denunciado que la Agencia Tributaria no está cooperando con el juez José Castro –instructor del caso Noos contra Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres–, ya que no ha entregado los informes "independientes" que ha pedido el juzgado sobre la infanta Cristina.

Cruzado, asegura que la Agencia se ha limitado a recoger lo que dice la Abogacía del Estado, y avisa de que estos informes de Hacienda no los firman ni los inspectores y técnicos asignados al caso y que además, se amparan en cuestiones formales para no aclarar lo que pide el juez.

El presidente de Gestha precisa que realmente "no hay informe" de la Agencia Tributaria sobre la infanta Cristina, porque lo que hace el delegado especial de Hacienda en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, es "referirse o copiar el de la abogacía del Estado".

Es por ello que Gestha asegura que ciertamente lo que no está realizando Hacienda precisamente es ejercer su deber de "auxilio judicial" ya que en relación al último informe que ha emitido la Agencia Tributaria en respuesta a la petición del juez de que aclarara las "lagunas y contradicciones" de otro informe anterior sobre la posible intervención de la infanta Cristina en las presuntas irregularidades fiscales de Aizoon.

En concreto, el juez Castro pedía, tal y como le había reclamado la Audiencia Provincial de Palma, que se aclarara si la infanta pudo hacer uso de los fondos de Aizoon para la rehabilitación de su vivienda en Barcelona o para otras atenciones personales y familiares.

Sin embargo, según explica Carlos Cruzado, el informe que ha emitido el delegado especial de Hacienda de Barcelona se ampara, primero, en una cuestión formal al alegar que no puede desarrollar el expediente administrativo abierto sobre Aizoon –sociedad de la que es accionista la 50 por ciento Cristina de Borbón– porque hay un proceso penal en curso y que hasta que este no concluya, "no cabe emitir, ni añadir o suprimir nada del informe anterior".

Gestha insiste en que "la Agencia no está cumplimentando ese auxilio judicial que pide el juez"

Gestha, califica de "sorprendente" que los dos informes entregados en el Juzgado estén firmados por la directora –el primero– y por el delegado especial de Hacienda –el segundo– y no por ninguno de los inspectores y técnicos de Hacienda que están asignados a este caso como auxilio judicial.

En su opinión, es una "contradicción" que denieguen un experto de la Agencia, nombren inspectores y al final asuman lo que dice el abogado del Estado, del que no duda de su formación jurídica, pero precisa que la formación fiscal acreditada es la de los inspectores y técnicos de la Agencia.

Carlos Cruzado considera que a la Agencia Tributaria no le corresponde valorar si la infanta debe o no ser imputada, sino emitir un "informe independiente" con una "valoración técnico fiscal" en relación a ella, con los datos que ha solicitado el instructor de la causa y aclarar si Cristina de Borbón ha tenido participación y colaborado en que su marido cometiera delito fiscal. Añade que luego corresponde al juez valorar los datos y decidir si hay o no imputación.

El Gobierno ordena a Hacienda que se abstenga

Diversas fuentes aseguran que la dirección de la Agencia Tributaria (tanto el presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, como la directora general, Beatriz Viana) tiene instrucciones muy claras de su responsable directo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los representantes del Fisco en el procedimiento judicial del caso Nóos eviten a toda costa perseguir o acusar a la hija del rey, Cristina de Borbón, a pesar de que el instructor de la causa, el magistrado José Castro, la imputó por haberse beneficiado de los delitos fiscales supuestamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en la administración de Aizóon, propiedad al 50% de los dos miembros del matrimonio, y el instrumento que utilizaban para apoderarse de los fondos que lograban de las administraciones públicas, según aseguran fuentes de la Hacienda.

Sin embargo, esta no es una decisión del ministro. Montoro, si no del propio Gobierno, aseguran, especialmente defendida por su presidente, Mariano Rajoy.

El Gobierno está decidido a minimizar tanto como pueda la grave crisis institucional en la que está sumida España y lo hizo presionando a la Fiscalía para que obligara al representante del Ministerio público en el caso Nóos, Pedro Horrach, a recurrir la decisión del juez instructor del fraude a las administraciones a recurrir la imputación de la infanta Cristina, la única integrante del consejo de administración de Nóos que no estaba imputada. Horrach cumplió las órdenes del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce y del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.

Horrach logró su objetivo cuando la Audiencia de Palma decidió anular la decisión del juez Castro de imputar en la causa principal del caso Nóos, por el que estudia pedir hasta 17 años de cárcel para Urdangarin, una condena que se vería reducida a 4 años si el duque consorte de Palma admite su culpa y devuelve el dinero defraudado a las administraciones. Aún así, de los tres magistrados de la Audiencia que tomaron la decisión, uno emitió un voto particular que defendía la actuación del juez Castro.

El auto final, a pesar de que desestimaba la imputación de la infanta en la causa principal, sugería que Cristina de Borbón sí podía ser imputada por delito fiscal. Castro aprovechó esta última grieta en el fallo de la Audiencia –que, por cierto, no descartaba definitivamente la imputación de la infanta, sino que invitaba al instructor a recabar más pruebas– y, apenas unos días después la imputó por delito fiscal sin que Horrach pudiera hacer nada porque, al fin y al cabo, el juez estaba siguiendo la doctrina de su instancia superior.

En definitiva, aunque el fiscal acuse, si la Abogacía del Estado considera que no ha habido perjuicio para las arcas públicas, es difícil que la infanta llegue a sentarse en el banquillo.


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Montserrat Gutiérrez (343 noticias)
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