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Telefónica apremia a Canal 9 y a conselleries a pagar las facturas pendientes o cortará la línea

05/08/2010 17:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Generalitat y empresas públicas gastan unos 55 millones de euros anuales en los servicios de telecomunicaciones

Francisco Camps y José López Jaraba, director de RTVV, a su izquierda, en un acto. Francisco Camps y José López Jaraba, director de RTVV, a su izquierda, en un acto. manuel molines

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. Comunitat Valenciana FRANCESC ARABÍ VALENCIA Si la Generalitat fuera una economía doméstica podría decirse que camina hacia el desahucio. La falta de liquidez en la caja autonómica es tal que existen serios problemas para afrontar el pago de dos de los tres servicios básicos del gasto corriente, la luz y el teléfono, en varias áreas de la Administración autonómica y empresas públicas. Hasta tal punto que Telefónica ha llegado a apremiar por escrito a departamentos del Consell, entre ellos Canal 9 y varias conselleries, para que abonen de una vez la deuda pendiente por facturas atrasadas o no tendrá más remedio que cortar las líneas.

En algunos casos, como el de la televisión pública, el impago se arrastra desde hace más de un año, lo que convierte a la compañía de telecomunicaciones en uno más de los proveedores de servicios que acaba convirtiéndose en financiador del sector público. La morosidad del Consell es tanto con la matriz Telefónica, por la red fija, como con la filial Movistar, de la que precisamente es alto directivo el ex presidente Eduardo Zaplana.

La multinacional contratista de una parte importante de las comunicaciones ha resultado recientemente adjudicataria de tres de los ocho lotes del nuevo contrato global de las telecomunicaciones de toda la Administración autonómica, incluidas las empresas públicas, que entró en vigor el mes pasado. El presupuesto rozó los 224 millones de euros, por todos los servicios de internet, la red interna corporativa o la telefonía móvil y fija, entre otros servicios. De los aproximadamente 55 millones de euros anuales que la Generalitat pagará por todas las telecomunicaciones, en torno al 60% corresponde a telefonía fija y móvil. Es un precio en tarifa plana, contratado globalmente por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, y cuya carga se reparte proporcionalmente por áreas en función del histórico de gasto que presenten.

Escaso margen de maniobra

Fuentes del Consell explicaron ayer a este diario que Telefónica está en negociaciones para buscar una solución no traumática, si bien ha hecho saber oficialmente el ultimátum. El remedio, pagar, no es nada fácil dada la angustiosa falta de liquidez de una Generalitat que cerró 2009 con 9.642 millones de deuda a acreedores a corto plazo y con sólo 1.736 millones disponibles en caja, según refleja la cuenta general, como contó ayer este diario. Este retrato del llamado fondo de maniobra agrava el mapa general de penuria económica de una Generalitat asfixiada por la crisis económica, una gestión despilfarradora, según la oposición, y una insuficiente financiación autonómica, denuncian desde el Consell. En este panorama empieza a cuestionarse hasta la capacidad para pagar nóminas y se han adoptado medidas de choque en servicios básicos como recortar profesores de apoyo o no cubrir sustituciones de bajas en la enseñanza pública.

Canal 9 no está desde luego en la cola de las áreas más candentes en cuanto a apuros económicos. Hasta los becarios han tenido problemas para percibir su sueldo. Si la deuda de la Generalitat alcanza 15.356 millones de euros (cerró ese ejercicio con un déficit de tesorería de 1.500 millones), la de RTVV va ya por los 1.100, según la última auditoria externa de Ernst & Young, que revela que el año pasado el ente público y sus sociedades perdieron otros 279 millones.

Los problemas de morosidad telefónica se suman a los que está atravesando Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) con el suministro eléctrico. Como informó este diario el lunes, FGV ha tenido que licitar de nuevo, por 14, 6 millones, el contrato eléctrico tras los cortes de luz ejecutados por Iberdrola en dos estaciones de Alicante, "por un retraso en el pago de la factura eléctrica de dos meses". Según confirmó el conseller, Mario Flores, la empresa cortó el suministro "a las cafeterías de los apeaderos de Benidorm y Terra Mítica".

A raíz de ello, Flores denunció el contrato con la compañía "para renegociarlo a la baja". Ya a finales del año pasado, la eléctrica envió técnicos a las estaciones en superficie de la Línea 1 de Metrovalencia para cortar el servicio por impago de facturas. FGV acumula deudas a proveedores, Iberdrola entre ellos, por valor de 1.130 millones de euros, según denunció recientemente el portavoz socialista de Infraestructuras en las Corts, Francesc Signes. La cultura tampoco ha escapado a la anemia general de las arcas autonómicas. Esta misma semana la consellera del ramo, Trini Miró, admitió públicamente la puesta en marcha de un plan de ajuste para poder salvar el recinto operístico y que pueda seguir funcionando. Si bien no se ha barajado despedir personal en el edificio del parque inmobiliario de Santiago Calatrava, Miró sí admitió que urge "reducir gastos".

La Intendente del recinto, Helga Schmidt, admitió que la Generalitat había recortado en seis millones el presupuesto de 2010, respecto a los fondos previstos inicialmente, y otras fuentes indicaron que para 2011 se preveía otra rebaja de seis millones más en las transferencias, para dejar en 18 millones la dotación con la que ha de funcionar el Palau de les Arts, casi un tercio de los 50 millones que se precisan.

Factura farmacéutica en el aire

Un servicio público más esencial aún que la cultura, la sanidad, se está viendo también afectado por la galopante falta de liquidez. Así, la conselleria de Manuel Cervera ha recibido también advertencias de posibles cortes eléctricos por parte de Iberdrola y ha habido varias reuniones para evitarlo.

La factura farmacéutica, uno de los capítulos de gasto de mayor peso en ese departamento, corre serio peligro de impago en septiembre, según algunos expertos. Varias empresas de tecnología sanitaria llevan hasta catorce meses sin cobrar. Lo que ha abocado a alguna de ellas a renunciar a presentarse a concursos de entrada muy apetitosos como los convocados para equipar el nuevo hospital La Fe, en Malilla. De retrasos en los pagos también saben mucho los contratistas de obra pública. A finales de 2009 reclamaban más de mil millones de euros en certificaciones de obra, según los socialistas.


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Eismann (176 noticias)
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Nota de prensa
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