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El tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil (PT, izquierda) negó el jueves las acusaciones de lavado de dinero y sobornos que le hicieron diputados que investigan una gigantesca red de corrupción en la estatal Petrobras.
La petrolera volvió a hegemonizar la agenda política de Brasil, con la agitada sesión en la cámara baja protagonizada por Joao Vaccari, que se extendió por más de siete horas, y la fuerte defensa que hizo la presidenta Dilma Rousseff.
La comisión que trata el caso a nivel parlamentario preguntó a Vaccari sobre una miríada de cargos en los que fue mencionado por involucrados en la causa: recepción de sobornos, reuniones clandestinas con financistas del mercado negro, cuentas bancarias a nombre de familiares y sobreprecios pagados por empresas en contratos de la petrolera para luego girar esos fondos hacia la política.
El tesorero del partido fundado por Luiz Inácio Lula da Silva negó todo.
"¿Es inocente?", le preguntó la diputada opositora Eliziane Gama tras varias horas de negativas encadenadas. "Lo soy", respondió secamente Vaccari en un tono que mantuvo a lo largo de la audiencia en la que fue acusado numerosas veces de mentir.
Vaccari está en la mira de la justicia por su supuesta participación en esta trama de corrupción que según la policía, movió 4.000 millones de dólares en la última década. Fue denunciado ante un tribunal de Curitiba (sur) por corrupción y lavado de divisas.
El caso amenaza con salpicar al PT, al investigar la forma en que costeó su funcionamiento, incluyendo una de las campañas presidenciales de Rousseff.
La sesión comenzó con un extraño episodio en el que un hombre soltó roedores en la sala, instantes después del ingreso de Vaccari. Tras un tumulto, tanto los animales como la persona que supuestamente los lanzó frente al estrado de los legisladores que conducían el proceso, fueron retirados.
- La limpieza -
Rousseff también abordó el tema que desvive a muchos brasileños por su impacto institucional -hay decenas de legisladores y dos gobernadores siendo investigados- y económico, ya que la petrolera es la mayor inversora del país.
Durante una presentación de un programa de viviendas la mandataria dijo enfáticamente: "Petrobras está de pie, limpió lo que tenía que limpiar. Sacó a todos los que tenía que sacar y que se aprovecharon de sus posiciones para enriquecerse".
El caso le ha costado mucho en términos políticos al gobierno y la popularidad de Rousseff se derrumbó poco más de tres meses después de haber asumido su segundo mandato. "Defender a Petrobras es defender a Brasil", señaló.
Las implicancias del escándalo también han dejado cicatrices hondas a la empresa, que aún adeuda la presentación de un balance auditado del tercer trimestre del 2014, que considere las pérdidas sufridas por el submundo de estafas que anidó durante años en su interior.
La estatal determinó genéricamente un sobrecosto de 88.600 millones de reales (USD 34.000 millones) en parte de sus activos, pero sin precisar cuánto de este monto correspondía al desfalco de sus exdirectivos.
Petrobras dijo a la AFP que aún no tiene una fecha definida para divulgar ese reporte.
El miércoles, el ministro de Energía Eduardo Braga había puesto en negro sobre blanco que la delicada situación de la compañía podría exigir cambios profundos. Braga dijo ante el Senado que el modelo que obliga a Petrobras a participar en la explotación de todos los yacimientos de petróleo en aguas profundas de Brasil "necesita ser revisado".
El esquema, convertido en ley y aún defendido con fuerza por Rousseff, fue pensado tras el descubrimiento de gigantescas reservas bajo una espesa capa de sal a 6 km de la superficie, y estipula que la estatal debe ser la única operadora en la explotación y tener al menos 30% de participación en todas las concesiones.
"No podemos obligar a una empresa sin capacidad física y financiera para tanto", sentenció.