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Testaferros negociaban con autoridades políticas y empresarios

07/10/2009 23:57 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La trama del caso Gürtel, dirigida presuntamente por Francisco Correa, funcionaba gracias a una serie de cargos de confianza que actuaban como testaferros, administradores o socios de las diferentes empresas y que estaban en contacto tanto con empresarios inmobiliarios como con autoridades políticas a nivel autonómico y local, según se explica en el Informe inicial elaborado por la Sección de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central que se incluye en el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press tras el levantamiento parcial del secreto.

El informe policial explica detalladamente el modus operandi de la organización. Tras identificar a Francisco Correa como "máximo responsable de un entramado organizativo" que comete actividades delictivas como blanqueo de dinero relacionado con extorsión, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude fiscal, los agentes subrayan que este propósito tenía "una continuidad temporal con vocación de permanencia".

Para hacer esta duración posible, Correa creó un entramado societario cuya actividad central se encontraba en el sector de la comunicación y el audiovisual para prestar servicio, de forma mayoritaria, a administraciones públicas mediante la obtención de contratos de elevada cuantía. "Dichos servicios son adjudicados por corporaciones locales o comunidades autónomas fundamentalmente gobernadas por un determinado partido político de ámbito nacional, merced a las relaciones personales que mantiene Correa dentro del mismo", continúa el documento.

Asimismo, el líder del Gürtel ejercía de "intermediario entre empresarios de la construcción y autoridades o funcionarios públicos para influir sobre éstos y conseguir la adjudicación de proyectos urbanísticos a las empresas cuya propiedad tienen los primeros".

A cambio, los integrantes de la trama y los políticos implicados recibían "contraprestaciones", cuyo origen se ocultaba empleando sociedades interpuestas o cuentas en entidades financieras radicadas en paraísos fiscales.

MODUS OPERANDI

Según señala el informe, Correa comenzó creando un entramado de empresas de comunicaciones que prestaban servicio "a un determinado partido político" en la organización de campañas electorales, publicidad, acciones audiovisuales, etcétera. De esta manera, Correa entró en contacto con personas que ocupaban o tenían la expectativa de ocupar puestos de alta responsabilidad dentro de las administraciones públicas.

Gracias a estos contactos, las empresas empezaron a participar en concursos públicos para corporaciones locales y comunidades autónomas en el ámbito de la publicidad, organización de eventos, promoción, marketing o asesoramiento publicitario. Entre otras, las compañías dedicadas a esto eran Pasadena Viajes S.L., TMC, Down Town, FCS Formación Comunicación y Servicios S.A., Easy Concept, Orange Market, Special Events, Good and Better S.L., Diseño Asimétrico S.L., Servimadrid Integral S.L., Rialgreen S.L., Welldone 2002 S.L., Spinaker 2000 S.L., Estudios Vesubio S.L., Creaetive Team S.L. y Orange Market S.L.

Ninguna de estas compañías contaba con experiencia en el ámbito, si bien "obtenían la adjudicación de contratos con dos características fundamentales: la cuantía de los mismos era elevada y cumplían los requerimientos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica de los pliegos de contratación".

Como ejemplos, los agentes citan el contrato a Easy Concept para gestionar la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Majadahonda durante catorce años, y la de Atención al Cliente del Banco Santander en la ciudad financiera de Boadilla del Monte.

La segunda parte de la trama la constituían las empresas inmobiliarias. Correa "hacía de intermediario entre empresarios del sector de la construcción y con interés en obtener la adjudicación de determinados proyectos urbanísticos para sus empresas, y los propios titulares de la responsabilidad de la adjudicación", es decir, concejales y gestores de sociedades del suelo.

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Para conseguir las adjudicaciones o recalificaciones, el líder del caso Gürtel cobraba por adelantado a los empresarios y luego entregaba un beneficio --en dinero o en bienes inmuebles-- a la persona que conseguía la adjudicación. Para garantizarse la duración de este tipo de negocios, llegó incluso a grabar en vídeo las entregas y repartos de dinero, con el objetivo de poder extorsionar después a los responsables políticos de la prevaricación.

Las sociedades creadas para comprar y vender, arrendar, promover y explotar los bienes inmuebles son Inversiones Kintamani S.L., Rústicas MBS S.L., Caroki S.L., Sundry Advices S.L., Creative Team S.L. y Proyecto Twain Jones S.L.

TRAMA FINANCIERA

La tercera pata de la trama es la parte financiera. Correa constituyó, según el informe policial, una sociedad dedicada al asesoramiento empresarial denominada Galher Servicios Administrativos S.A., que prestaba servicios de gestión para que el resto de empresas pudieran justificar más beneficios de los que realmente obtenían con el objetivo de dar salida al dinero ilícito.

Además, los implicados en el caso de corrupción ofrecían a los responsables políticos y a los empresarios medios para ocultar la procedencia de las contraprestaciones. Para ello, se constituían sociedades en centros financieros off-shore (paraísos bancarios), se abrían cuentas en países con leyes fiscales favorables o se creaban sociedades titulares de bienes inmuebles puestos a disposición de los implicados.

La trama contaba con personas empleadas como 'correos' para trasladar físicamente el dinero al exterior, abrir cuentas a nombre de los beneficiarios, ingresar el dinero y trasladar todo o parte del mismo, en connivencia con los receptores del soborno, de nuevo a España, poniéndolo a su disposición e integrándose así directa y legalmente en el patrimonio de estos cargos. También existían cajas de seguridad donde los cabecillas del Gürtel guardaban parte del dinero para pagar estas facturas falsas y otras dádivas, que se hacen en efectivo, con transferencias o con otros bienes.

Los testaferros del Gürtel se encargaban, después, de las operaciones financieras para introducir los fondos ilegales en el flujo económico legal, a través de sociedades patrimoniales de cuyo accionariado formaban parte otras entidades mercantiles radicadas en paraísos fiscales, lo que permitía "la ocultación de la titularidad de los bienes de los que es propietaria la sociedad".

Asimismo, a través de la asesoría se generaban facturas falsas por servicios no prestados para que se abonara únicamente el IVA, lo que, según la documentación analizada por la policía, "estaba planteando algún tipo de problema con los socios reales de dichas empresas". De este modo se lograba justificar cantidades de dinero no pagadas y enmascarar ingresos de procedencia ilícita.

RESPONSABILIDADES

Al frente de todas estas empresas, el líder del Gürtel colocaba a personas de su confianza que actuaban de testaferros, y que figuraban como socios o administradores de las compañías. Además, las sociedades constituidas en España se agrupaban principalmente en torno a dos domicilios sociales, situados en las calles Serrano 40 y Paseo de la Castellana 151 de Madrid.

Por encima de todas las compañías de la trama estaba Real State Equity Portfolio S.L., cuyo objeto social era la tenencia de participaciones en otras sociedades, así como el control y la gestión de las actividades desarrolladas por las entidades participativas. Los implicados en la trama se refieren a esta compañía como 'El Fondo', y actúa como sociedad inversora.


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