Toda las medidas parecen pocas para conseguir reactivar el mercado residencial en España. Ayer mismo el ministerio de vivienda convocaba de forma URGENTE a los periodistas para presentarles su última línea ICO, destinada ésta a favorecer la comprar de viviendas de protección oficial (VPO). En un principio la medida no parecía de las peores ya que, tal y como se presentó y aparece hoy en la mayoría de medios recogida, el Gobierno se compromete a asumir el 50% del riesgo de cada uno de los créditos que se concedan a partir de julio para la compra de vivienda VPO. Esto en un principio debería animar a las entidades de crédito a "abrir el grifo" en un momento de sequía de crédito como el que estamos atravesando y permitir así a 100.000 familias acceder a una vivienda. Pero, amigos, como ya nos tienen acostumbrados hay letra pequeña. ¿De qué se trata? Lo que no se ha dicho, o no ha quedado tan claro, es que el Gobierno sólo se compromete a asumir un maximo del 3% de morosidad sobre la cartera total de crédito que destine a VPO cada entidad. Es decir que de los 6.000 millones de euros que el Gobierno tiene presupuestados sólo contempla el riesgo de 180 millones de euros y no de los 6.000 que es lo que parecía a primera vista o, dicho de otro modo, de las cien mil familias a las que se concedería el crédito sólo 1.500 podrán declararase insolventes porque todo lo que pase de ahí correrá a cargo de las entidades de crédito. La pregunta que surge es qué entidad de crédito no asume un 3% de riesgo de impago de su cartera, cuando vemos que la morosidad de todas las entidades supera en estos momentos el 4% y va en aumento. Todo apunta a que los bancos y cajas también en este caso y por la cuenta que les trae estudiarán muy mucho la solvencia del que les solicite el crédito. En definitiva, parece que estamos ante otra de esas estupendas líneas de financiación como la del aplazamiento de hipotecas a las que las entidades de crédito no se acogen ni a tiros. Y si no al tiempo...