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Desde hace algún tiempo, la mayor parte de los programas de RTVE están en manos de productoras aunque se le venden al público como programas de producción propia de RTVE cuando en realidad no hay trabajadores de la casa implicados en ellos pese a contar con personal y medios suficientes. Esto, que venía siendo lo normal en series y programas de ficción ("La señora", "Águila roja", "Cuéntame", ...), se ha hecho extensivo ahora a la mayor parte de las retransmisiones deportivas y a las de la Lotería Nacional, adjudicadas a la empresa Mediapro, una de las principales accionistas de La Sexta a través del grupo Imagina. Mientras tanto en el parking de unidades móviles de Prado del Rey hay paradas 25 unidades móviles de televisión y su correspondiente personal sin hacer nada pero pagadas con dinero público.

El argumento esgrimido desde la dirección de la empresa es que el personal propio resulta más caro que la subcontratación a una productora para hacer el mismo trabajo. Para justificarlo ante el Consejo de Administración de CRTVE y el Parlamento se ha ideado una contabilidad perversa que funciona de la siguiente manera: se deja a los trabajadores parados asignándoles únicamente unas pocas horas de programas a la semana y entonces se dividen sus sueldos mensuales por el número de horas de programa que han hecho durante el mes –NO POR EL NÚMERO DE HORAS DE JORNADA LABORAL COMPLETA-. El resultado son unas cantidades desorbitadas por hora de trabajo. Como ejemplo particular el de la categoría de Técnico Superior de Imagen (cámaras, controles de cámara, gruistas, fotógrafos). Su sueldo base es de 1.224 euros mensuales. Según la empresa cada uno de estos profesionales le cuesta 76 euros por hora. De acuerdo a este cálculo para nuestra jornada de 35 horas semanales deberíamos estar ganando ¡10.640 euros al mes!. A renglón seguido se alega que como somos tan caros hay que darle el trabajo a una productora porque sale más barato. Es decir, nos dejan sin trabajo para poder justificar a posteriori la externalización.

La mayor parte de la subcontratación de servicios y programas se está dando a Mediapro o a empresas de su mismo grupo. No es ningún secreto que la empresa Mediapro, además de formar parte del grupo Imagina, accionista de La Sexta, está vinculada al PSOE habiéndose encargado de la campaña de este partido en las últimas elecciones generales. También se están externalizando programas y servicios que van a parar a la productora que dirige el marido de la ministra Carme Chacón.

Se invirtió dinero público en la compra de varias furgonetas equipadas con equipos de transmisión en directo vía satélite, denominadas Unidades Terrenas para hacer reportajes en directo en programas como "España Directo" y para informativos. Se firmó un acuerdo con los representantes de los trabajadores para aceptar unas condiciones especiales para operar estas unidades terrenas –por cierto poco justas para los trabajadores ya que se saltaban el convenio- y se dieron los cursos correspondientes para su manejo. Pues bien, estas unidades llevan más de un año paradas en los parkings de los centros de TVE y mientras se siguen subcontratando estos servicios a Overón, empresa participada por Mediapro.

La grabación del último discurso de Navidad del rey se realizó con una unidad móvil de Alta Definición subcontratada a otra empresa mientras que la de TVE se quedaba en el garaje con la excusa de que era demasiado grande para instalarla en el Palacio de la Zarzuela cuando lo cierto es que si algo sobra allí es espacio.

Se reconvierte a trabajadores de edición de vídeo con años de experiencia a otras áreas, se dejan las cabinas de edición de vídeo sin utilizar y luego se subcontrata la edición de los programas adivinad a qué empresa....Efectivamente, a Mediapro. La excusa esta vez es que no tenemos editores de vídeo. Naturalmente, previamente se los han quitado de encima. Por otro lado, en RNE se ha externalizado mediante la contratación carísima de "colaboradores" ajenos a la empresa la mayor parte de la programación.

Con la llegada hace tres años del expresidente de la Corporación RTVE Luis Fernández, se introdujo también un equipo de nuevos directivos que se trajeron de otras televisiones y productoras –hasta un total de 97- y se apartó a los profesionales que llevaban toda la vida en la empresa de los mismos puestos de dirección. Incluso se crearon puestos de dirección que no existían previamente. Todo este equipo se contrató a golpe de talonario con sueldos astronómicos.

El recientemente cesado Javier Pons, exdirector de TVE, se ha marchado con una indemnización de 200.000 euros, su salario anual mientras estuvo en el cargo. Pons venía del entorno de La Sexta.

- Mientras tanto, la mayoría de los estudios de TVE se mantienen vacíos o con un programa al día en el mejor de los casos y a los trabajadores se les recortan los pluses y las dietas en los viajes cuando se les requiere para hacer retransmisiones o programas fuera de sus centros de trabajo, enviándoles, por ejemplo, a Sevilla para retransmitir una carrera de caballos, haciéndoles ir y volver el mismo día y dándoles un bocadillo para comer.

Esta es la realidad de RTVE. Al espectador solo le llega el hecho de que ahora tiene una televisión pública sin publicidad pero no se le dice por donde se está yendo el dinero ni que –a pesar de lo que difunden algunos medios- el presupuesto de CRTVE es de los más bajos de una radiotelevisión pública europea: mil setenta y cinco millones de euros frente a los más de cuatro mil millones de la BBC o a los tres mil de la televisión pública francesa, por citar a dos. Pero además la decisión tomada el año pasado por el gobierno de Zapatero y tramitada por la vía de urgencia mediante decreto ley -¿qué prisa habría?-, no se limitaba a quitar una de las fuentes de financiación de RTVE mediante la supresión de la publicidad, sino que se limitaba la programación en favor de las cadenas privadas. La propuesta es que el Estado financie la mitad del presupuesto y la otra mitad provenga de una tasa que se cobrará a las televisiones privadas y a las empresas de telecomunicaciones sobre sus ingresos. El resultado ha sido que no solo algunas de estas empresas se han negado a pagar esta tasa y la han recurrido en los tribunales, sino que además la Unión Europea la considera ilegal.

A fecha de hoy sigue sin estar claro de donde saldrá el dinero para cubrir la mitad que no financia el Estado de un presupuesto ya de por sí escaso. Sin embargo sigue habiendo productoras vinculadas a televisiones privadas aumentando su facturación a costa de la televisión pública mientras ésta mantiene a su personal sin trabajo y sus instalaciones y equipamiento parados.

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