La globalización ha llevado a que personas de distintos países entren en contacto con textos y documentos de carácter jurídico distintos a los de su país. Ante esta situación, no solo se encuentran con la barrera del idioma, sino también un sistema legal completamente desconocido. Es aquí donde entra en juego la traducción jurídica.

¿Qué es y en qué consiste la traducción jurídica?

Cuando hablamos de traducción jurídica, nos referimos a la traducción de textos relacionados con leyes, normativas, directrices u otros aspectos de los distintos sistemas jurídicos que existen en el mundo. Estas traducciones pueden ser de carácter informativo o tener una función legal (traducción jurada). Independientemente de la función de la traducción, los traductores de textos jurídicos deberán hacer frente la mayor dificultad de este campo: la diferencia entre el sistema jurídico del país de origen y del país de destino.

Cada país tiene sus propias leyes, constitución, códigos penales o sistemas judiciales, por dar tan solo algunos ejemplos. Las diferencias pueden ser menores, como por ejemplo, entre España y Francia, pues sus sistemas jurídicos están basados en el Derecho Romano. Por otro lado, las diferencias entre España y Reino Unido, con el primero basado en el Derecho Romano y el segundo en el llamado Common Law, son considerables. Por ello, al trabajar, el traductor necesitará navegar la fina línea entre informar al lector del contenido del texto y no llevar a una confusión debido a las diferencias entre ambos países. Esto significa que el traductor debe tener extensos conocimientos de los sistemas jurídicos de ambos idiomas para realizar su labor de forma precisa.

Las diferencias entre España y Reino Unido, con el primero basado en el Derecho Romano y el segundo en el llamado Common Law, son considerables

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