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El Tribunal Constitucional y los chalaneos

13/01/2010 15:32 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Autor: José Luis Valladares

A los ojos de los legos en la materia, la justicia española deja mucho que desear. Para empezar, quizás haya demasiados jueces estrella y demasiada poca independencia. La muerte del Barón de Montesquieu, anunciada con enorme fruición por Alfonso Guerra, puede ser la causa de ese comportamiento, al menos un poco chocante y llamativo, de los encargados de administrar justicia. Y no será de otra manera, mientras sean los políticos y los Gobiernos de turno los que cocinen los nombramientos y ascensos de los jueces.

Históricamente, las sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se barajan asuntos de cierta importancia, se han dictado siempre con la vista puesta en los intereses ocasionales del Gobierno. De una manera más o menos disimulada, los fallos importantes siempre han estado políticamente mediatizados. El primer ejemplo descorazonador nos lo dio el alto Tribunal con la sentencia del día 2 de diciembre de 1983. En dicha sentencia, para no hacer sangre del Gobierno de Felipe González, se declara constitucional la precipitada expropiación del holding de Rumasa. En el sentido del fallo, fue decisivo el "voto de calidad" del presidente de entonces Manuel García-Pelayo. Y García Pelayo, por culpa de ese "voto de calidad" del que no tardo en arrepentirse, vivió amargado hasta el último de sus días.

Desde junio de 2004 es presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas Baamonde, y ha dado motivos sobrados para dudar de su independencia e imparcialidad. Si llega el caso, es muy posible que, a la hora de dictar sentencia, valore más lo que conviene en ese momento a los poderes públicos que lo que establezca nuestro ordenamiento jurídico. Por algo el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, a raíz de ser elegida para el cargo, declaró exultante a la agencia EFE que era "una gran noticia y una suerte para todos" y añadió que "muestra el cambio en la conciencia" de la sociedad española. Y quizás sea esa la posible explicación de su permanencia al frente de este Tribunal, a pesar de haber agotado el tiempo para el que fue elegida.

Son muchos los motivos por lo que esta magistrada debiera estar fuera del Tribunal Constitucional. Tal como determinan las leyes, la duración del cargo de magistrada del Constitucional, sin posibilidad de reelección inmediata, es de nueve años. Y María Emilia Casas fue uno de los cuatros vocales que nominó el Senado allá por el año 1998.

No se si es irregular o no su permanencia como presidenta, ya que el mandato para estar al frente de este Tribunal es de solamente tres años. Como interesaba esa continuidad, se reforma la Ley del Tribunal y, a la vez, se dictamina que esta reforma era plenamente constitucional. Para que esto fuera posible, tienen que recusar a dos magistrados que no estaban por la labor. La magistrada Casas tenía que seguir al frente del Constitucional como fuera. Por lo menos, hasta que el Estatuto de Cataluña obtenga previsiblemente todas las bendiciones constitucionales.

A parte de esto, María Emilia Casas será muy competente como jurista, pero, de acuerdo con juicios pasados, quizás no haya demostrado fehacientemente su independencia y su imparcialidad. Para empezar, es una magistrada muy cercana a las tesis del PNV, no se si por convicción propia o por razones de su matrimonio con Jesús Leguina Villa, antiguo asesor del PNV.

Y una vez dentro del Tribunal Constitucional, a María Emilia Casas le faltó exquisitez jurídica en sus actuaciones. A pesar de la estrecha relación con el dirigente de Herri Batasuna, Karmelo Landa, en 1999 votó a favor del amparo a la mesa nacional de esa formación política, provocando la excarcelación de sus miembros. Lo preceptivo para esta magistrada era la abstención, ya que entre los que pidieron el amparo se encontraba su amigo Karmelo Landa. De este modo, colaboró para que se revocara la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo que les había condenado por colaboración manifiesta con la banda terrorista de ETA. También el 20 de marzo de 2004 María Emilia Casas se significó votando en contra de la impugnación del famoso Plan Ibarretxe que había interpuesto del Gobierno de Aznar.

Al lado de estos hechos, que dejan su imparcialidad tocada y en entredicho, nos encontramos con algún otro acto, si no delictivo, si al menos sumamente imprudente. María Emilia Casas llamó personalmente a una abogada, hoy en la cárcel, para asesorarla jurídicamente en un caso de violencia de género. Para empezar, los magistrados tienen prohibido por ley cualquier tipo de asesoramiento. La Ley del Poder Judicial, en su artículo 389, dice taxativamente que "el cargo de juez o magistrado es incompatible, entre otras cosas, con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido". Dejando a un lado si esto comporta algún tipo de responsabilidad, sea esta penal o administrativa, rompe toda la estética del asesoramiento con la reveladora coletilla empleada por María Emilia Casas y que, oportuna o inoportunamente, destacaron en su día los periódicos: "si esto llega al Constitucional, me avisas".

La prolongada espera por el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña tiene su enjundia. La inconstitucionalidad de algunos artículos es manifiesta hasta para quienes somos legos en leyes. Es más, alguno de ellos es plenamente anticonstitucional. Pero aún así, el Gobierno actual, valiéndose de la magistrada Casas, busca desesperadamente una sentencia interpretativa que, al menos, no cercene ninguno de los artículos importantes del texto estatutario.

La presidenta del Tribunal Constitucional ha intentado una y otra vez complacer al Gobierno, tratando de desbloquear la situación creada con el Estatuto de Cataluña. Pero afortunadamente siempre ha fallado alguno de los peones con que contaba el PSOE, haciendo inútil hasta el voto de calidad de la presidenta. Ante la imposibilidad de una sentencia favorable, María Emilia Casas congela el fallo, buscando una ocasión más favorable. Lo que no logrará nunca María Emilia Casas, es una sentencia que, según ella, deje contentos a todos. Ella apunta, que esta sentencia "debería satisfacer a todos, porque será la aplicación de la propia Constitución". Una aplicación de la propia Constitución, eso sí, muy a su aire y, si llega el caso, tan inconstitucional como el propio Estatuto.

Como colofón al despropósito de las continuas dilaciones en el fallo final sobre el Estatuto de Cataluña, la presidenta Casas nos ha salido ahora por peteneras y afirma que, de momento, no puede haber sentencia ya que "el texto está redactado en un idioma raro que, sinceramente, imposibilita su correcta interpretación". Los catalanistas, por medio de la prensa, se lanzan a presionar descaradamente al Tribunal Constitucional en busca de una sentencia favorable al Estatuto. Lo malo es que hoy les arropa hasta el propio Zapatero, con esas declaraciones extemporáneas a la televisión sexta.

La manera correcta de introducir cambios en nuestra Constitución viene señalada por la propia Constitución. Modificarla acudiendo a la política de hechos consumados y a ocasionales Estatutos, es evidentemente anticonstitucional. Dejemos pues en manos del Tribunal Constitucional que decida libremente. En sus manos está aumentar su descrédito, o atenerse de manera estricta a lo que dicta nuestra Constitución y comenzar así a recuperar parte del crédito perdido. Hasta ahora, el descrédito y la desconfianza de la sociedad, se lo han ganando a pulso, al igual que el resto de las instituciones judiciales españolas. Veremos si son capaces de enderezar el rumbo y dejar a un lado definitivamente las habituales componendas.

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clasesmediasaragon.es
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