UCE alerta del aumento del 'spam' telefónico

La Unión de Consumidores (UCE) de Castilla-La Mancha ha alertado de las prácticas ilegales que realizan determinadas empresas que utilizan el acoso comercial como estrategia para aumentar la contratación de servicios a través del teléfono, en lo que se denomina 'spam telefónico'.

Según ha informado UCE, en nota de prensa, las compañías de telefonía y aseguradoras suelen utilizar estas técnicas, que consisten en intromisiones telefónicas a diferentes horas del día. El consumidor es victima la recepción de llamadas con fines comerciales, prácticas que también se extienden a mensajes de móvil con publicidad agresiva, que pretende captar la atención del cliente.

UCE ha criticado el aumento del 'spam telefónico' a pesar de que la legislación es restrictiva con este tipo de prácticas. La ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, establecía su prohibición, entendiendo como tal las llamadas o contactos continuos de las empresas con ofertas de productos y servicios.

"Dicha ley no solo se dirige a las operadoras de telefonía sino a cualquier empresa que use el 'spam telefónico' e incluía una disposición transitoria que daba dos meses de prórroga a las empresas afectadas para poner en marcha los mecanismos necesarios para poder cumplir la ley".

Según UCE, a partir del 1 de marzo 2010 ninguna operadora tiene justificación para seguir llamando o contactando con un cliente que le pida que no lo haga, y eso afectaría a su canal de distribución sea propio o contratado. Sin embargo, después de año y medio, comprobamos que a pesar de la solicitud de los usuarios para que no los vuelvan a llamar, las llamadas se reproducen y siguen acosando a los consumidores.

UCE ha advertido a los consumidores que la ley ampara a los ciudadanos pues califica esas llamadas como "practicas agresivas por acoso" y que la legislación tacha de "desleal por agresivo" la realización de visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella.

Por ello, la organización considera que es necesario una ley más restrictiva o un numero mayor de denuncias, que evidencie el malestar de los ciudadanos. También las Administraciones tienen un papel determinante pues habría que establecer protocolos de control que invitaran a denunciar estas situaciones, y sancionar contundentemente a las operadoras que siguen realizando estas práctica a pesar de la disconformidad del consumidor.