La Unión Europea se quita la máscara con el nuevo tratado para salvar el euro

Jordi Berbis analiza el nuevo tratado europeo

Esta semana, a raíz del que se ha denominado crisis de la deuda, los gobiernos alemán y francés han puesto sobre la mesa la potencial integración fiscal de buena parte de la Unión Europea. Es decir, la adopción de normas comunes en gasto público e impuestos. La adopción de normas comunes en cuanto a impuestos genera dudas sobre cuál debe ser el modelo: estamos hablando de bajar aún más los impuestos a las empresas o tendremos un impuesto sobre la renta realmente progresivo en todas partes?

Esencialmente, las medidas propuestas en el tratado van en dos direcciones. Por un lado, se aumenta el presupuesto destinado a posibles rescates de estados. Por otro lado, se constitucionaliza el equilibrio presupuestario. Los fondos destinados a posibles rescates de los estados en realidad funcionan como los fondos que utiliza el BCE para comprar deuda pública de los estados atacados por los mercados: son fondos que acaban sirviendo para garantizar los beneficios del sector financiero. Al mismo tiempo, sirven como palanca de fuerza para implantar las medidas de austeridad.

En la constitucionalización del equilibrio presupuestario se le llama regla de oro, en el sentido que se convierte en un principio de política económica a seguir esté el gobierno que haya y sea cual sea la situación económica. Así se pretende demostrar credibilidad que en teoría debe generar confianza y por lo tanto inversión, fenómeno extremadamente difícil durante una crisis económica.

La medida que tendrá más efectos será, sin duda, la constitucionalización del déficit cero. Refleja una visión de la realidad sesgada, situando el gasto público "excesiva" como causante de la crisis en lugar de las crisis como inherentes al capitalismo. Exigen así, la reducción del déficit, el control estricto de la inflación, la reducción de impuestos, la privatización y la liberalización como pasos necesarios para salir de la crisis. Un tipo de políticas ya aplicados en otras partes del mundo como América Latina en los años 80. Un tipo de políticas que, allí donde se han aplicado, han profundizado la crisis, al revés de lo que pregonan sus defensores. No sólo eso, sino que, gracias a los flujos comerciales, sus efectos se propagan hacia los países que teóricamente no necesitan estas políticas por haberlas aplicado anteriormente. Un ejemplo es Alemania, que ha rebajado su previsión de crecimiento en un 1, 2% a raíz de los efectos de la austeridad.

La fijación por el déficit en el seno de la UE aplica la solución de centrarse en los síntomas en lugar de atacar la raíz del problema. Seguir este esquema sólo puede tener dos causas - o una combinación de ellas -: la ignorancia sobre el funcionamiento de la economía o la voluntad de atacar aún más los derechos de las poblaciones de los estados diciendo que es el único remedio para la crisis. En cualquiera de los dos casos, lo que se acabe acordando no nos afectará como sociedad sólo cuando se firme, sino que marcará la actuación de los estados en el futuro.

Haciendo un ejercicio de imaginación, la voluntad de reducir el déficit a cero (o al nivel más bajo posible) también podría llevarse a cabo a través de aumentos de impuestos y no a través de reducciones del gasto. Ahora bien, cuando se ha elegido esta vía, han subido los impuestos indirectos, que gravan más la renta cuanto menor es esta. También se ha planteado la creación de una tasa para las grandes fortunas, pero salvo en algún país, por lo general no se ha hecho ningún paso en firme para aplicarla. En ambos casos, se podría sustituir por varias medidas: aumento de los tramos superiores del impuesto sobre la renta, aumento de los impuestos que se pagan por la percepción de beneficios, revisión de ciertas desgravaciones fiscales al impuesto sobre la renta o del Impuesto de sociedades. Ninguna de estas medidas aparecen ni en los discursos políticos ni en los debates públicos. Por lo tanto, sea a través de la reducción del gasto o de los aumentos de los impuestos, las medidas para reducir el déficit atacan de manera frontal las clases populares.

La obsesión por el déficit también expresa la sujeción tanto de los jefes de gobierno europeos como de los altos responsables europeos a las teorías de una escuela económica concreta, que constituyen la base en teoría económica del neoliberalismo. No constituye en absoluto una novedad o un cambio de dirección con respecto al marco de la Unión Europea, antes al contrario, es una pieza más. Es la consecuencia más palpable de la marginación de las alternativas tanto a nivel teórico como a nivel de política económica durante los últimos 25 años. También es la confirmación de que la única intención es seguir con la política económica que ya se estaba aplicando antes de la crisis, la neoliberal. El hilo conductor del tipo de políticas aplicadas y propugnadas lo podemos encontrar ya en el Tratado de Maastricht, en el que se establecía, entre otros, un límite del 60% de deuda pública como condición para poder entrar en el euro .

Cuestiones teóricas aparte, la llamada "regla de oro" resulta muy conveniente para el capital en la medida que los recortes del gasto público ya no dependerán de la voluntad política de los gobiernos, sino que formarán parte de las respectivas legislaciones. Aunque existen alternativas, éstas no se tienen presentes ni en el discurso ni en el diseño de las políticas públicas. La reforma expreso de la constitución española es un buen ejemplo.

La puesta en escena de estos cambios a nivel europeo ha tenido dos efectos colaterales, que aún tenemos que saber qué consecuencias tendrán a nivel de conciencia y respuesta social.

El primero es una cierta ruptura con la visión de la Unión Europea (UE) como agente de progreso social, que debía permitir a las poblaciones de los Estados más desfavorecidos alcanzar los niveles de bienestar social de los miembros más antiguos. La realidad pero es que la Unión Europea desde sus inicios ha sido una institución al servicio del capital europeo. Por tanto, el pacto fiscal no es ninguna novedad: este tipo de medidas forma parte del ADN de la UE. No es ninguna novedad. Lo que realmente habría sido sorprendente sería que hubieran tomado medidas en otra dirección.

Si analizamos la estructura legal de la UE, observaremos que ni el tratado de Maastricht ni el resto de tratados constitutivos han establecido criterios objetivos de unificación por lo que a derechos sociales, salarios, condiciones de trabajo o desigualdad. Son parte de algunas de las políticas de la Unión Europea, pero sin el mismo grado de obligatoriedad que los criterios puramente macroeconómicos. En los casos en que se han propuesto políticas desde la Unión Europea en estos campos, el enfoque ha sido el de siempre: hay que rebajar derechos para mejorar la situación de los ciudadanos. La última reforma del sistema público de pensiones se realizó siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, muy preocupada por su sostenibilidad. Otro ejemplo lo podemos encontrar en que, al mismo tiempo que la comisión europea recomienda la creación de "minifeines" con un salario por debajo del mínimo - gran contradicción - para rebajar el paro, se muestra al mismo tiempo preocupada por la índice de pobreza entre los trabajadores, especialmente entre los afectados por la temporalidad y la precariedad.

El segundo es el papel al que se han visto reducidos los Estados (por no hablar de sus poblaciones!). Dicho de otro modo, lo que podemos denominar como calidad democrática del proceso. De los 27 Estados miembros de la UE, 21 han aceptado directamente la propuesta de Francia y Alemania, 3 deben consultar (la utilización de este verbo no es casual) en sus parlamentos y sólo 1 se ha plantado, el Reino Unido. En cuanto a sus poblaciones, éstas se ven reducidas al papel de comparsas de lo que deciden-fundamentalmente-los mercados con la ayuda de los tecnócratas. El futuro tratado nos confirma lo que ya sabíamos: que la UE es una institución que sirve netamente los intereses del capital, siendo este tratado el último acto de una tragicomedia que se escribe cada día.

Lamentablemente no resulta una novedad. Durante la historia de la Unión Europea hemos vivido varios episodios en los que cuando se daba voz a la población para decidir sobre actuaciones fundamentales de la UE, su respuesta paralizaba los procesos correspondientes. Estos fueron los casos de los referendos celebrados en Francia y los Países Bajos sobre la Constitución europea. Por tanto, no debería sorprendernos que al cabo de una semana de insinuar un posible referéndum en Grecia sobre los planes de austeridad y los recortes de derechos laborales y sociales, su gobierno hubiera cambiado sin ni siquiera celebrar elecciones. La preocupación por la democracia se desvanece en cuanto su ejercicio puede ir en contra de decisiones ya tomadas o líneas maestras de política económica.

Hay que reconocer, sin embargo, la capacidad del capitalismo para recuperarse de los contratiempos. Aunque durante los inicios de la crisis económica se vislumbraba el fracaso del modelo económico del capitalismo global, sus medidas han acabado implantando como única salida obligada. En este sentido, la crisis está sirviendo para que el capitalismo aumente su tasa de plusvalía y sus beneficios a través de las llamadas reformas estructurales, tal y como ha ocurrido en crisis anteriores.

Por tanto, el tratado revela claramente los objetivos y las prioridades de la UE. Con este tratado queda definitivamente liquidada - si es que quedaba alguna - cualquier posibilidad de transformar la Unión Europea en una institución al servicio de las poblaciones europeas. En este sentido, la proclama de "más Europa" para salir de la crisis resulta, como mínimo, ingenua e implica que nos tengamos que preguntar y que tengamos que preguntar ¿qué Europa?.

JORDI Berbís | 19/12/2011

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