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UPyD reclama recuperar el impuesto de Patrimonio y más esfuerzos contra el fraude

16/07/2010 12:01 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso tres propuestas de resolución derivadas del Debate sobre el estado de la Nación instando al Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude fiscal a través de medidas organizativas, legales y sectoriales. Entre otras cosas, pide recuperar el Impuesto de Patrimonio, incrementar los medios de la Agencia Tributaria, reforzar la coordinación entre ésta y las administraciones autonómicas y reducir el tiempo de resolución de las reclamaciones.

En su propuesta, a la que tuvo acceso Europa Press y que se votará con las demás iniciativas el próximo martes en el Pleno del Congreso, Rosa Díez insta a reformar la figura del delito fiscal y la normativa de cesión de tributos a las comunidades autónomas, por modificar el IRPF para que el régimen se aplique exclusivamente para ventas a consumidores finales y por evitar una utilización "abusiva" de los regímenes fiscales especiales.

Del mismo modo, pide concentrar la inspección en la lucha contra "los grandes focos de fraude fiscal" (paraísos fiscales, facturas falsas, etc); reforzar el control patrimonial restableciendo el Impuesto de Patrimonio; reducir la opacidad de determinadas operaciones e impulsar la lucha contra las tramas de defraudación del IVA y el blanqueo de capitales, creando una Policía Fiscal o creando un régimen especial para este tipo de contribuyentes.

Por otro lado, la diputada de UPyD en la Cámara Baja ha confirmado su intención de someter a votación el próximo martes un texto sobre el Estatut, el tema central del discurso que ayer pronunció durante el debate de política general, en el que ya adelantó algunos de los asuntos que ahora ha plasmado en su moción.

Díez emplaza al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a "garantizar" el "estricto" cumplimiento de la sentencia del Alto Tribunal sobre la reforma catalana, a "respetar" el marco normativo e institucional de la Constitución y, por ende, a abstenerse de impulsar normas legales para "incumplir" el reciente fallo.

En el discurso pronunciado durante el debate de política general, acusó a Zapatero de "corromper" políticamente las instituciones intentando desarrollar "por otras vías" los artículos declarados inconstitucionales. "Pura corrupción política de las instituciones", resumió. En su réplica, el presidente insistió en que acata y "hará cumplir" la sentencia del TC, pero, eso sí, advirtió de que no se les puede "tapar la boca" a los que "se sienten como Nación".

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Durante ese duelo parlamentario, Díez también pidió a Zapatero que derogue todas las normas estatutarias aprobadas por el Parlament desde 2006, así como sus consiguientes desarrollos normativos, contrarias a lo dispuesto por el Alto Tribunal, otro de los puntos que ha recogido en su propuesta de resolución.

ACABAR CON LOS GASTOS "SUPERFLUOS"

Otra de las mociones que el próximo martes defenderá la portavoz de UPyD versa sobre la necesidad de evitar lo que considera "gastos superfluos" de las administraciones públicas en un mínimo de 15.000 millones de euros. De esta forma, según argumenta, quedaría sin efecto la reciente congelación de las pensiones y la bajada salarial de los funcionarios.

Para ello, Díez pide fijar un techo de gasto para las comunidades autónomas e introducir mecanismos de penalización en caso de incumplimiento del mismo o los compromisos de déficit, no avalando las emisiones de deuda autonómica que sirvan para financiar un déficit superior al permitido o reteniendo parte del importe de los anticipos a cuenta de los tributos del Estado.

Además, la moción reclama al Ejecutivo suprimir o reducir el tamaño de todas aquellas administraciones y de sus entes públicos "superfluos e ineficaces", una medida con la que, según los cálculos del partido de Rosa Díez, se podría llegar a ahorrar unos 26.000 millones de euros.

En concreto, UPyD aconseja recortar el número de consejerías y parlamentarios autonómicos, de personal de confianza y de libre designación, así como las llamadas embajadas autonómicas, las empresas del sector público no administrativo, como radios y televisiones públicas, agencias, consorcios o fundaciones, cuya existencia no haya servido para la prestación de servicios o dupliquen la función de las agencias estatales activas.


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