La Cámara de Senadores de Uruguay sancionó el miércoles una ley de control de armas que endurece las penas por tráfico y tenencia ilícita, regula el comercio entre particulares y obliga a la destrucción de armas incautadas.

La norma -aprobada con los votos de la izquierda gobernante, 15 en 21 legisladores presente- prohíbe "la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa o por ambos", señala el texto.

Además especifica que los comercios que vendan armas deberán informar de cada venta en un plazo de 72 horas especificando los datos del comprador y el "destino de la mercadería", mientras que la compraventa de armas de fuego entre particulares, deberá inscribirse en el Registro Nacional de Armas del Ministro de Defensa Nacional.

La norma es "una herramienta más que tenemos para promover el desarme de la población", dijo a la AFP Hebert Clavijo, senador del oficialista Frente Amplio (FA).

"La ley apunta a que la gravedad está no solo en aquel que aprieta el gatillo, sino el que brinda el elemento que permite concretar el delito. Tenemos que ser estrictos en cortar esa retroalimentación", agregó el senador.

En la norma se prevé que el tráfico interno de armas de fuego y municiones sea penado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaria y que esa pena se aumentada en un tercio en caso de que el delito integre una organización criminal.

Para el tráfico internacional de armas se prevé una pena de doce meses a doce años de penitenciaria, con el mismo agravante que en el tráfico interno.

"Es dar un marco general a uno de los grandes problemas que tiene la humanidad y al que no escapa Uruguay, que está en una región en donde el tráfico de armas es fuente de la delincuencia".

Las personas que tengan armas de fuego sin registrar tendrán un plazo de 12 meses para regularizar la situación o entregar las armas a las autoridades que destruirán la mercancía.

Mientras que para la tenencia de armas sin autorización en lugares públicos se prevén penas de tres a dieciocho meses de prisión.