Cuando el 2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó de forma urgente, con los síes del PP y PSOE la primera reforma constitucional de calado, pactada entre ambos y sin referéndum, se introdujo de facto en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit, estrictas medidas que indujeron restricciones a las cuentas públicas y a la capacidad del Estado para impulsar políticas económicas y de desarrollo del Estado social.

Una determinación que contó con el respaldo del por aquel entonces diputado Pedro Sánchez que acatando la disciplina de voto de su partido se sumó a la mayoría.

La reforma del artículo 135 de la Constitución por parte de los miembros de aquel consorcio instrumental de conveniencia dio al traste con todas las mejoras sociales conquistadas desde la instauración de la democracia, porque el contenido de la reforma en cuestión fue extremadamente antisocial como así viene a indicar la redacción de su contexto al indicar de forma concluyente que el pago de los intereses y capital de la deuda pública de las Administraciones tendría prioridad absoluta sobre cualquier otro aspecto.

Y eso a pesar que su implícito chocaba de lleno con lo establecido en los artículos 1.1 y 128 de la Constitución, pues el hecho de priorizar el pago de referencia sobre aspectos esenciales como la justicia y la igualdad, supuso en la práctica una reducción del gasto público que en definitiva se tradujo en recortes en servicios y prestaciones públicas, que afectaron nocivamente a la totalidad de los derechos sociales de la población y vinieron la controvertir la propia concepción del Estado español como Estado social y democrático de Derecho.

Tan arbitraria reforma fue ante todo la entrega de España a los acreedores, o lo que es lo mismo, la constitucionalización oficial de la subordinación de la vida y derechos de la ciudadanía al capital financiero, es decir, la reafirmación del neoliberalismo sobre la voluntad popular, y eso va a seguir siendo así en tanto no se afronte la derogación del retocado artículo.

Hacer uso del propio artículo 135.4 a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado utilizando la situación de emergencia que vive el país para saltarse el límite del déficit público, no deja de ser cuanto menos irónico por parte de Podemos después de estar exigiendo su derogación desde su constitución como partido, y más incongruente si cabe es utilizar esa excepcionalidad para venderla como un éxito de gestión proclamando a los cuatro vientos que el neoliberalismo y la austeridad han muerto,

Para que el Estado transite hacia otro modelo económico debe dejar sin efectos las limitaciones jurídicas que se lo impiden, para así poder construir un orden social más democrático

Que en esta ocasión el proyecto presupuestario de la reconstrucción se libre de las ataduras de la austeridad recogidas en la Constitución no es en modo alguno fruto de la buena gestión de Podemos como desde la formación morada se nos intenta hacer creer, el verdadero motivo además del ya expuesto es que a finales de marzo la Unión Europea suspendió sus reglas fiscales abriendo la puerta a que los diferentes Gobiernos pudieran elevar su gasto público para prevenir la extensión del coronavirus y paliar sus consecuencias económicas, lo que viene a indicar que en esta ocasión no habrá restricciones, permitiendo de ese modo que los Presupuestos de la reconstrucción no se vean afectados por las limitaciones que establece el artículo 135 de la Constitución.

Si bien para despejar toda duda sobre el particular la ministra de Hacienda, afirma que el Gobierno sigue teniendo como objetivo la estabilidad presupuestaria, cuya senda recuperará en cuanto las circunstancias excepcionales que vive España hayan pasado; siendo distinta la posición que esgrimen los socios minoritarios en el Ejecutivo que optan por implementar una dinámica más keynesiana y aniquilar el núcleo de la ideología neoliberal, aún cuando el insalvable escollo que impide consumar tal aspiración mantiene su vigencia en el contexto de la Carta Magna.

Eso viene a indicar que superada la excepcionalidad de la pandemia el denominado Gobierno de progreso se moverá con motor económico neoliberal por la renuncia a tocar los pilares del sistema cuestionado en el 15M y por seguir manteniendo activa la bomba de relojería que representa la reforma constitucional del artículo 135, que impuesta al margen de la opinión de la ciudadanía sigue vigente con el beneplácito de ambos socios del Ejecutivo lo que traerá consigo el resurgimiento de las tesis económicas y políticas contrarias a la figura del formato estatal de la acción pública, cerrando con ello toda posibilidad a que el Estado sea el impulsor de una reconstrucción económica y social menos excluyente y más igualitaria.

Para que el Estado reivindique su papel como creador y distribuidor de riqueza y transite hacia un modelo económico distinto ha de dejar sin efectos las limitaciones jurídicas que se lo impiden, para así sin ataduras poder construir un orden social más democrático.

Ahora bien, regalándole a la banca los 60000 millones desembolsados de las arcas públicas para afrontar su rescate, se puede augurar larga vida. para el neoliberalismo.