En el CSS hemos atendido a varias personas de Venezuela, en la mayoría de los casos recién llegadas a España, y solicitantes de asilo político. Estas usuarias padecían diversos problemas: no contaban con empleo ni podían acceder a él hasta haber permanecido 6 meses en España. No habían recibido asesoramiento en la materia para cuando cumplieran ese plazo, ni tampoco los que ya lo habían cumplido. Desconocían la existencia de oficinas de empleo y de la tarjeta de demanda de empleo, no estaban recibiendo la orientación ni el acompañamiento necesarios, tenían problemas de vivienda, carencia de ingresos, y en general se hallaban en una situación muy vulnerable.

Según CEAR, en 2016 los venezolanos lideraron las peticiones de asilo en España con 3.960 solicitudes del total de 15.755. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR ha manifestado en prensa que en 2017 los venezolanos siguen encabezando el ranking de solicitudes de asilo, con 7.400 solicitudes realizadas. Según Eurostat, actualmente hay acumuladas más de 11.000 peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos y 34.000 peticiones de asilo totales pendientes de resolución. De los 40 expedientes de ciudadanos venezolanos que el Gobierno resolvió en 2016, solo cuatro fueron positivos. Entre 2011 y 2016, solo seis venezolanos lograron protección en España.

Algunos testimonios recogidos en prensa muestran la situación de este colectivo.

“Entendemos que de repente Venezuela está en el tapete porque la utilizan por motivos políticos. Agradecemos mucho el apoyo, pero queremos que entiendan este problema como lo que es: un problema humanitario. El venezolano no tiene cultura migratoria, sale por desesperación, porque se muere de hambre, no hay medicinas, no consigue lo elemental (…) No queremos que España nos vea como un problema, queremos que entiendan que cuando un padre decide separarse de su hijo y mandarle aquí es porque es la única manera de garantizarle la vida» (Luis Eduardo, refugiado venezolano).

«Es que allí no hay alimentos, lo poco que se consigue es tras pasar 12 horas en una cola, amanecer allí, bajo el sol, a la intemperie, para llevarte solo un producto. Y muchas veces cuando te toca, ya no hay nada. Además, la inflación está altísima, comprar tres productos ya supone la mitad del sueldo mínimo. Es un país que no tiene un problema, tiene muchos y todos graves: los hospitales están sin luz, agua y medicamentos, la delincuencia es brutal, te pueden matar por cualquier cosa, proliferan las enfermedades» (Ada, refugiada venezolana)

“La cosa iba cada vez peor, pero nunca me había planteado irme. Hasta que tuve un linfoma y me colocaron medicamentos caducados. Me salvé, pero dos de mis compañeros de hospital murieron porque faltan medicinas. Eso me impactó mucho. Y cuando me recuperé pensé que tenía que irme y perseguir mi sueño”. (Simón, refugiado venezolano).

CEAR en su informe anual 2017 señala las carencias del sistema de acogida al refugiado en España, la falta de recursos existentes, tanto materiales como financieros.

Nuestro sistema de acogida se rige bajo dos fórmulas. Por una parte, están las plazas gestionadas directamente por la Administración a través de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Sevilla, Mislata, Alcobendas y Madrid y, por otra, existen tres ONG especializadas (Cruz Roja, ACCEM y CEAR) que gestionan las plazas de acogida, y ofrecen servicios integrales de atención a los refugiados, incluyendo a las personas que salen de los CAR. La falta de recursos ha obligado a que en muchos casos colaboren con la acogida entidades no especializadas en asilo, y que por tanto no ofrecen la misma cobertura, ni los mismos servicios.

Se escuchan muchas proclamas a favor de los refugiados, pero existen pocas entidades sociales especializadas en este colectivo

Los servicios sociales y los sistemas educativo y sanitario en España carecen de planes específicos y de personal especializado en la atención a las personas refugiadas. Y en los últimos años, en el contexto de la crisis económica, las políticas sociales, sanitarias, educativas y de vivienda han sufrido severos recortes, por lo que los refugiados, al terminar sus itinerarios de inclusión se ven abocados a situaciones de extrema precariedad y al peligro de la exclusión social.

CEAR señala que las personas refugiadas tienen dos desafíos para su integración, el empleo y la vivienda. La legalidad vigente impide que los solicitantes de asilo puedan ser contratados hasta seis meses después de la fecha de admisión a trámite de su solicitud. Si la solicitud es rechazada, todo el esfuerzo de formación, adaptación, búsqueda y mantenimiento de un empleo habrá sido inútil, ya que deberán abandonar España en quince días. Cuando logran un empleo, éste suele ser precario y de baja cualificación. Además, muchos refugiados desconocen los mecanismos de búsqueda de empleo habituales en España, la legislación laboral y la estructura del mercado laboral, poseen escasa formación profesional, encuentran dificultades para la homologación de títulos y del permiso de conducción y para el acceso a la formación reglada y ocupacional (por los requisitos de acceso).

El acceso a la vivienda también es un desafío para las personas refugiadas. La especulación e inversión inmobiliaria han convertido la vivienda en un bien de mercado y no en un bien protegido. El acceso al alquiler exige además avales, fianzas, y otros requisitos que las personas refugiadas no siempre pueden asumir.

Esta falta de igualdad de oportunidades tiene serias consecuencias en personas que, además, han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos, y ya vienen dañadas psicológicamente por lo vivido en sus países de origen. Esto puede dar lugar a otras patologías psicológicas más graves y sentimientos de desarraigo.

Desgraciadamente, el tema de los refugiados se utiliza muchas veces para hacer política, pero muy poco se hace para proteger de forma efectiva a estas personas. Por un lado, el Gobierno de España critica con dureza al Gobierno de Venezuela, pero paradójicamente, concede con cuentagotas el estatus de refugiado a los ciudadanos venezolanos. Por otro lado, se escuchan muchas proclamas a favor de los refugiados, pero existen pocas entidades sociales especializadas en este colectivo. En teoría, los solicitantes de asilo y refugio tienen derecho a orientación y acompañamiento, pero acuden al CSS sin haber recibido apoyo alguno. Y pese a las abundantes muestras de solidaridad ciudadana, cuando los refugiados quieren acceder a una vivienda de alquiler, pocos propietarios les condonan el abono de la fianza o los avales.

No parece haber coincidencia entre los valores y principios solidarios que proclamamos y las acciones efectivas de los poderes públicos, las instituciones y la sociedad hacia los refugiados, habiendo una importante brecha entre los compromisos internacionales de España y la práctica real de la acogida a los refugiados y solicitantes de protección internacional.

El Gobierno de España tilda de dictadura al Gobierno de Venezuela, pero concede con cuentagotas el estatus de refugiado a los ciudadanos venezolanos

Publicado originalmente en Medium

Copyright Carmen Alemany Panadero